CARTA ABIERTA DEL DIRECTOR DEL PERIODICO EXPRESS AL C. GOBERNADOR

C. Ney González Sánchez
Gobernador Constitucional de Nayarit
Ciudad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó el pasado 28 de abril la liberación inmediata de las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mismas que desde hace tres años estaban encarceladas y sentenciadas a 21 años de cárcel, bajo la acusación de secuestro, supuestamente impetrado contra agentes federal de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigaciones de la PGR.
Los supuestamente agraviados, en calidad de policías se apersonaron hace aproximadamente tres años en las instalaciones de un tianguis, en donde sin orden de cateo procedieron a decomisar mercancía pirata, al encontrar una resistencia inusitada por parte de las indígenas que expendían dicha mercancía, los agentes federales desistieron de sus intenciones y dentro del más bochornoso caso de injusticia que se pueda imaginar, acusaron a tres indígenas otomíes de secuestro, presentando como prueba única e indubitable, la fotografía aparecida en un diario de Querétaro que dio fe del incidente habido entre las otomíes y los federales.
En las horas vespertinas del 26 de marzo de 2006, las indígenas referidas que hablan el español más rudimentario, cuidaban sus puestos y a la llegada de policías federales se negaron a ser extorsionadas y se enfrentaron a los seis elementos policíacos, impidiendo el decomiso de la mercancía; la batahola hizo que un reportero del diario Noticias de Querétaro imprimiera una foto que fue publicada en ese medio con su pie de grabado, y a partir de esa “prueba”, sin jamás ser notificadas, las tres otomíes analfabetas fueron acusadas de secuestro y en una juicio fast track, condenadas a 21 años de prisión; una de ellas corrió con suerte, que es el caso de Jacinta Francisco Marcial, la cual ante lo patético de las pruebas presentadas, la PGR se desistió del caso el 3 de septiembre del 2009, pero esa suerte no la corrieron Teresa y Alberta, las otras dos “acusadas”, a quienes al final de tres años, hubo necesidad que interviniera la Suprema Corte para ponerlas en libertad evidenciando el abuso cometido por las policía y los jueces venales.
Estimado Ney, la falta de acceso a la justicia es un delito moral que debe avergonzarnos a todos aquellos que tengamos un coeficiente mental dos puntos arriba de un burro de noria, no digamos un abogado o un periodista en el ejercicio de sus atribuciones y contribuciones, y mucho menos de un Gobernador que protestó hacer valer las leyes, quede esto claro; nos quejamos amargamente de la Ley Arizona por discriminatoria, cuando los pobladores de ese estado de la Unión Americana pueden hacer en su territorio los que les pegue en gana, tal y como nosotros lo hacemos en nuestro país cuando criminalizamos y penalizamos la pobreza, y le damos el traste a la base social lumpen que se mueve solamente para ser explotada e inodada en asuntos que demeritan la imagen de los que dicen servir al pueblo y se la pasan navegando en el mar de incongruencias que es la vida política.
Ni Juan Orol en sus mejores tiempos pudo haber soñado un argumento de esta naturaleza para alguna de sus películas, en donde los más elementales derechos humanos de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcantara Juan y Teresa González Cornelio fueron pisoteados a mansalva por el Estado Mexicano, y hoy aparte de formar parte del imaginario mexicano, se han convertido en paradigmas de la injusticia que se sigue administrando con manga ancha en todo el país. Desgraciadamente.
¿Quién les restituirá la parte de la vida que a estas tres indígenas les arrebató la arrogancia de un gobierno federal que ahora levanta la voz contra los gobernantes de Arizona por su ley antiinmigrantes y se solaza tapando las barbajanadas de los cuicos que de un simple incidente de comisaría lograron hacer condenar a tres analfabetas otomíes a 21 años de prisión. Eso, estimado amigo Ney, si las autoridades responsables vivieran en Japón, obligadamente uno a uno de los tejedores de esta red de infamias, les hubiera sido más acorde hacerse el Hara Kiri, que enfrentarse a una sociedad reclamante en sumo grado, de los derechos civiles.
Ni Esquilo en alguna de sus tragedias hubiera tenido el magín tan copioso y abundante de nuestros policías, nuestros jueces, nuestros amados ministerios públicos, y eso se confirma cuando en una ampliación de declaraciones, uno de los seis agentes policiacos –de 120 kilos de peso—, dijo que se le había olvidado consignar en actuaciones, el hecho de que Jacinta no solamente lo golpeó con las manos apuñadas, también lo jaló de las greñas.
En cualquier país congruente, no bastaría con la exoneración de las indígenas que, según el dicho de los agentes federales acusadores, pertenecen a la Liga de Lucha Libre AAA, por este caso, las autoridades involucradas deben ser objeto de un minucioso escrutinio a través de una investigación a profundis e instaurarle un juicio a los jueces que se prestaron a esta barbarie, eso sin contar con el pago de una muy generosa reparación del daño causado, que si bien no reparará en lo más mínimo, como tampoco les devolverá los tres años de injusta y venial cárcel, mucho menos les causará un reposición moral a la familia que vivió en ese tiempo presa de incertidumbre, pero lo mínimo, se antoja, es justa una reivindicación moral, no solamente para las excarceladas, sino para el gobierno mismo y su pantomima de justicia.
Mi estimado amigo Gobernador, resulta imposible para mí y para muchos nayaritas convencidos de su buena fe, que en Nayarit tengamos muchos casos como el de las indígenas queretanas que hoy narro a trompicones, pero el caso más emblemático de su gobierno en este año, es el de Rodolfo Ojeda Díaz, el cual sólo por la corrupción de su anterior Procurador Béjar Fonseca, sino por la prestancia de sus jueces de consigna quienes no le negaban las órdenes de aprehensión a pesar de no existir elementos, y solo con el ánimo de perjudicar a un empresario para beneficiar a un connotado ladrón que tiene como único mérito social el de ser propietario de una estación de radio en Ruiz, y cuyo principal aporte a la sociedad ha sido el de robar en y a su nombre Señor Gobernador, pues si ve los expedientes incoados en contra de Ojeda Díaz, se dará cuenta que es –lo que usted prefiera— agua de borrajas o llamarada de guarumo. ¡Puro tráfico de influencias!
Por lo que podemos ver, las injusticias no solamente se cometen en los medios de justicia federales, también en Nayarit hace aire, y no hay nada que indigne más a una sociedad, que el dejarla llenarse de rabia y coraje al ver que las autoridades que supuestamente protegen e imparten justicia, estén constituidas por seres indignos, corruptos e ineptos que, nacionalmente hablando, tuvieron la desfachatez de detener, consignar y condenar a tres mujeres otomíes exhibiendo como prueba una foto, y localmente, en el caso de Ojeda Díaz no hay vertiente escapatoria por parte del aparato de justicia nayarita, para que se puedan eximir de un juicio popular que acabará dañando a quien lleva la imagen pública de un gobierno ante un pueblo que desconoce en el mayor de los caso, la división de poderes –tan irreal, como inútil— y por ello la sociedad acabará por condenar a quien lleva la imagen, y sobre todo por el triste papel que le tocó jugar a su ex procurador Héctor Béjar, quien sigue siendo funcionario de su gobierno ahora como Rector de una Universidad que debió llenarse de oprobio y vergüenza, al enterarse que el nuevo funcionario jamás ha leído un libro, y debe ser cierto, pues así lo declaró él mismo.
Escribo esta segunda Carta Abierta, para que se equipare a un reconocimiento para las miles de Jacintas, Teresas y Albertas que aguardan su rayito de justicia en el océano de injusticias que nos ahoga, y que están dentro de prisión dando fe que la injusticia es el común denominador en México, hago también un valioso reconocimiento a Rodolfo Ojeda Díaz, que es nuestro Jacinto local, casos que me hacen entender que en materia de justicia a México y a Nayarit ya se los cargó la chingada, y en descargo, como no quiero que mis hijos y sus hijos –Señor Gobernador— algún día nos pregunten: ¿Y Ustedes que hicieron por ellos y ellas? Y nosotros no podamos contestarles.

Edgar R. Arellano Ontiveros
Director del Diario Express