MANOTAZO DE PGR CONTRA “GREG” VIOLA CONSTITUCIÓN

Por: Juan Manuel Estarrón

Todo el circo montado por la Procuraduría General de la República con la detención y consignación apresurada de Gregorio Sánchez Martínez, candidato a gobernador por el PRD-PT-Convergencia de Quintana Roo, está a punto de derrumbarse como ocurrió con el candidato panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.
La consigna nacional del PRI para “descarrilar” la mayor cantidad posible de candidaturas de las alianzas PAN, PRD, PT y Convergencia, y aquellas donde no participa Acción Nacional, tocó las puertas en Quintana Roo para dar otro manotazo inconstitucional acusando al popular “Greg” de delincuencia organizada, lavado de dinero y hasta tráfico de drogas, supuestos delitos por los que ya es huésped de honor del Cefereso El Rincón.
Pero resulta que los abogados contratados por el DIA, Gonzalo Aguilar Zínser y asociados, también asesorados por el ex ministro de la suprema Corte Juventino Castro y Castro, han concluido que el juez federal de El Rincón se brincó las trancas toda vez que se atrevió a notificar al IFE que dieran de baja del padrón electoral a Sánchez Martínez en virtud que “ha perdido sus derechos ciudadanos” al decretarle “auto de formal prisión” término que YA NO EXISTE ni en la Carta Magna ni en ningún código penal.
Los tres resbalones encadenados del servidor público, quien actuó por consigna –según legisladores del DIA- será requerido para que explique su actuación evidentemente sospechosa en este caso; mientras tanto los abogados ya trabajan sobre amparos para sacar al todavía candidato Gregorio Sánchez argumentando el principio de “presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario” porque la PGR –hasta ahora- ha trabajado con puros dichos puestos en boca de testigos arreglados.
Lo cierto es que tanto la PGR, el poder electoral, así como los medios masivos bien pagados adelantaron vísperas al tratar como un vulgar delincuente al político y empresario quintanarroense atropellando el principio de “presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.
Esto no ha ocurrido, por lo tanto los derechos políticos del abanderado del DIA siguen intactos para poder votar y ser votado; al respecto Juventino Castro y Castro lamenta, “Lastimosamente se han hecho comentarios y tomado actitudes que pretenden sancionar a una persona desde que se inicia su proceso y no hasta que un juez de su causa decrete la pérdida de sus derechos políticos”.
Y es que por una pésima interpretación de la ley –quizá por apresuramientos de sus jefes- el juez de Tepic patinó bien gacho porque en la reforma del 18 de junio del 2008 consignan los abogados (El Universal, 03.06.10) que, en lugar de “el auto de formal prisión que desapareció” quedó el “auto de vinculación a proceso” que ahora es cabeza de todo proceso; algo poco entendible pero que los legisladores de aquella legislatura olvidaron adaptarlo a la Constitución, total todo un enredo.
Sin embargo es suficiente para entender que vinculado a un proceso pueden correr paralelamente los derechos y garantías ciudadanas sin menoscabo de ellas; en este tenor Sánchez Martínez podría contender desde una fría prisión por la gubernatura de su Estado, inclusive ganarla y gobernar desde ahí en tanto el juez -que se eche ese trompo a la uña- no dicte sentencia definitiva.
Porque de entrada han dicho los mismos abogados que el preso político tiene altas posibilidades de recobrar la libertad pero que no será antes de las elecciones; su liberación casi segura la basan en las débiles e incongruentes pruebas de descargo que aportó la parte acusadora (PGR) utilizando cinco testigos protegidos, cuatro de ellos bajo ¡SEUDÓNIMO!: “Zajed”, “Lucero”, “Emiliano” y “Orión”.
Para quienes no tienen idea qué es un “testigo protegido”, más o menos ahí les va: es un preso(a) procesado o en vías de serlo a quien ofrecen la oportunidad de rebajarle la condena o liberarlo si “sabe algo” y declara en contra de alguien que se quieren “jorobar” como a los cuatro ciberalbañiles que inculpó el ex procurador Béjar Fonseca, sin aportar pruebas sólo sus dichos.
Por ejemplo, declara un testigo de la PGR que Niurka –esposa de Greg- servía de enlace entre el cártel de los Beltrán Leyva con la mafia cubana, sin embargo “No hay evidencia a lo largo de la averiguación previa, de que dicho testigo se haya trasladado a la ciudad de México, como tampoco, que haya comparecido ante alguna autoridad de la PGR, para soportar su dicho o proporcionar las pruebas que así lo acreditaran”, sostienen los defensores.
En otro capítulo de esta narconovela refiere la otra “Lucero” que a mediados del 2009 se reunieron los jefes y directivos de todas las organizaciones criminales que operan en la República Mexicana en un hotel de Caleta en Acapulco, “convivencia” a la que asistieron El Chapo Guzmán, Nacho Coronel, El Mayo Zambada, los Arellano Félix, los de la Familia Michoacana (El Chango, El Dulce, La Tuta, El Chayo, El Profe), todos los de la organización del Cártel de Juárez de Vicente Carrillo, los del cártel del Golfo, los Beltrán Leyva, incluyéndose La Barbie y El Indio. Ahí reconoció el o la testigo a Gregorio Sánchez por una foto proporcionada por la PGR sin saber su nombre.
El colmo de “Lucero”, dice que en esa “convivencia” se acordó el pago quincenal a políticos, funcionarios de gobierno, diputados y alcaldes; por lo visto está jodida la causa de la PGR-PRI porque de esas narconóminas tenemos recuerdos desde que ese partido comenzara a convivir con el crimen organizado. ¿Y esta “brava” PGR cuándo caerá encima del millonario Jesús Vizcarra Calderón, compadre de El Mayo Zambada?
Habrá entonces que esperar sentados y tranquilos los capítulos siguientes de esta narconovela que promete hacernos reír a unos y rabiar a otros durante otro mes. Por lo pronto, sea cual sea la suerte de Gregorio Sánchez Martínez, pórtense bien porque las narcobalaceras en Nayarit no envidian nada a las de Juárez.

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